Viernes 23 de Julio de 2021

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PERITO MORENO

20 de junio de 2021

¿Qué paso con el gasoducto de Perito Moreno?

En estas épocas frías e intensas en Perito Moreno, donde los vecinos sufren cada año, muchos se cuestionan (y no cuestionan) que paso con la tan anhelada obra que tanto se publicitó y que hoy el ENARGAS quiere retomar como política de Estado desde la Honorable Cámara de Diputados hacia el propio Alberto Fernández. Informados armó un rompecabezas profundo en un informe necesario para el conocimiento de todos los vecinos y vecinas peritenses. Solo aptos para quienes deseen conocer la verdad, y nada más que la verdad.

El Gasoducto Santa Cruz Norte de 320 kilómetros fue anunciado por primera vez en enero de 2005, junto con la Etapa II del Gasoducto Santa Cruz Sur y su finalización estaba prevista en algún momento entre 2006 y 2009. Ambos proyectos fueron diseñados para llevar gas natural hacia la región occidental de Santa Cruz. Si bien el proyecto Santa Cruz Sur avanzó según lo previsto, el gasoducto Santa Cruz Norte presentó numerosas demoras. Para enero de 2019, estaban suspendidas todas las obras en el proyecto, y BTU, la firma constructora del proyecto, estaba bajo investigación por presuntos sobreprecios, corrupción e irregularidades relacionadas con la “desaparición” de 950 millones de pesos argentinos destinados al proyecto del gasoducto.

¿Qué paso en el medio?

Para poder entender la evolución de los hechos bajo análisis cabe remontarse al año 2004, cuando el entonces Presidente Néstor Kirchner creó por Decreto N O 180/2004 el "Fondo fiduciario para tender inversiones en transporte y distribución de gas", cuyo objeto exclusivo era la financiación de obras de expansión y/o extensión del sistema de gas en el marco del Artículo 2 0 de la Ley N O 24.076 de Gas Natural (que privatizó Gas del Estado y estableció el marco regulatorio de la actividad).

Mediante dicho decreto se estableció que el Fondo Fiduciario estaría integrado por: (i) cargos tarifarios a pagar por los usuarios de los servicios regulados de transporte y/o distribución; (ii) los recursos obtenidos en el marco de programas especiales de crédito con los organismos o instituciones pertinentes,nacionales e internacionales; y (iii) los aportes específicos que pudieran realizar los beneficiarios directos.

Ahora bien, según el art. 2 del decreto mencionado el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios reglamentaría la conformación y funcionamiento de ese fondo, el cual en ningún caso podía estar constituido por fondos y/o bienes del Estado nacional, aclarándose también en dicho artículo que los compromisos de repago asumidos por los usuarios como contrapartida de la financiación obtenida por intermedio de un Fondo Fiduciario, subsistirían hasta dar por finalizada su obligación, sin importar quien detentara la titularidad de la licencia para prestar el servicio respectivo.

Así dicho Ministerio se erigía como la autoridad de aplicación del sistema de ampliaciones de redes y transporte y distribución en virtud de lo dispuesto en el Decreto 180/2004 y todas las obras que calificaran para ser realizadas al amparo de ese régimen debían ser aprobadas, supervisadas y contratadas en los términos y condiciones que determinara el Ministerio. (art. 3)

En dicho decreto también se lo habilitó a suscribir los acuerdos y/o convenios necesarios para "lograr procedimientos de operatoria ágiles, simples, transparentes y de máxima eficiencia en el funcionamiento de los mismos'

En esa dirección, el ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios dictó la Resolución N O 185/2004 por la cual se creó el "Programa Global para la emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación en Fideicomisos Financieros bajo la Ley N O 24.441", constituido para la titulización de activos por un monto máximo en circulación de hasta pesos tres mil millones ($ 3.000.000.000.-) denominado "Fideicomisos de GasFideicomisosFinancieros" y, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 180/2004, explicitó que aquellos fideicomisos individuales que se organizaran bajo dicho programa no podían recibir en ningún caso aportes de fondos y/o bienes del Estado nacional En virtud de dicha limitación entonces, los fideicomisos creados en el marco normativo mencionado tuvieron como objetivo convocar a diversos interesados en financiar las obras, posibilitando a éstos recobrar el monto del financiamiento aportado a partir de cargos tarifarios y/o aportes específicos de los beneficiarios directos de las obras que se realizarían, conforme al Artículo 1 0 del Decreto N O 180/2004. 

La forma de contratación de las obras fideicomitidas se estableció por Resolución N O 663/2004 de la Secretaría de Energía del 23 de junio de 2004 que aprobó el Reglamento de Contrataciones. En dicho instrumento se consignó que los proyectos de expansión ylo ampliación a ser incluidos en el "Programa Marco de Fideicomisos Financieros de la Resolución 185/2004" debían ser aprobados por ENARGAS, organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación y que quien fuera a contratar bajo ese sistema debía presentar ante la Secretaría de Energía, en su carácter de Organizador, un programa detallado de la contratación a efectuarse con su presupuesto, el plan de inversión, su financiamiento y su repago. Ahora bien, el Fideicomiso propiamente dicho se constituyó entre Distrigas (el fiduciante), BT U (el cofiduciante) y Nación Fideicomisos (el fiduciario) y su objeto era la ejecución del plan global denominado "Sistema de Expansión de Obras de Gasoductos de la Provincia de Santa Cruz", consistente en la aplicación de los fondos de los bienes fideicomitidos a la construcción de la obra, a la administración de los bienes fideicomitidos, y a la cancelación de las obligaciones para con los beneficiarios.

Allí se definió como "El Sistema" a la obra objeto del fideicomiso (con sus tres etapas) y a la "Ampliación de la obra" como el conjunto de obras a realizarse - paralela o posteriormente a la obra objeto del Fideicomiso- dentro de "El Sistema", con financiamiento y repago independiente.

 

Las tres etapas de la obra del Fideicomiso eran:

  1. Etapa I: "Alimentación de gas natural a la localidad de El Calafate'
  2. Etapa ll: "Alimentación de gas natural a las localidades de Río Turbio, Turbio Viejo, 28 de Noviembre, Julia Dufour y Rospentek"
  3. Etapa III: "Alimentación de gas natural a las localidades de Pico Truncado, Perito Moreno y Los Antiguos'

Según el artículo 2.2 del Contrato de Fideicomiso, el valor total del desarrollo, la construcción y puesta en marcha de la obra, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), era de $364.207.903,58 (trescientos sesenta y cuatro millones doscientos siete mil novecientos tres pesos con cincuenta y ocho centavos) denominado "Monto de Obra", y comprendía todas las inversiones, costos y gastos necesarios para ese objetivo. 

Este monto surgía de la propuesta efectuada ante ENARGAS por Distrigas S.A. (en su carácter de subdistribuidor de ENARGAS) y BTU como tercero interesado para la construcción de los gasoductos sur y norte de Santa Cruz, que había sido aprobada el 29 de marzo de 2005 (Anexo 3 del Contrato de Fideicomiso).

Según lo estipulado en el Anexo 4, se utilizó como tipo de cambio el de tres pesos ($ 3) por cada dólar estadounidense, Io cual arrojó entonces un costo total de U$S 121.403.000

Ahora bien, según el Artículo 2.2.1 del contrato, dicho monto global se distribuiría de la siguiente manera:

Etapa l: $ 141.029.970,19 (equivalente a U$S 47.009.990,06)

Etapa ll: $ a U$S 32.529.641 ,44)

Etapa III: $125.589.009,07 (equivalente a U$S 41.863.003,02)

En dicha oportunidad se consignó que era necesario estructurar el financiamiento para parte de las obras de construcción bajo el "Programa Global para la Emisión de Valores Representativos de Deuda (VRD) y/o Certificados de Participación (CP) 'Fideicomisos de Gas" aprobado por Resolución 185/04 del MINPLAN, en función de los compromisos asumidos por las partes en el Acuerdo Marco y en el Acuerdo Complementario.

Así, la Provincia de SANTA CRUZ resultó la principal aportante, suscribiendo valores representativos de deuda (VRD) por la suma de total $227.555.660, los que se integrarían de la siguiente manera: VRDA- Serie I para la primera etapa por $ 80.000.000; VRDA. Serie ll para la segunda etapa por $64.521.604, y VRDA. Serie ll para la tercera etapa por $ 83.034.056.

 

La Etapa 3, lo que nos importa

El caso de la Etapa III resultaba distinto, porque se trataban de dos localidades que, a la fecha del contrato de fideicomiso, en conjunto no alcanzaban a sumar 8.000 habitantes (unos 2.500 usuarios), con escaso o nulo crecimiento demográfico, y con un costo original de las obras de sustitución del orden de los 42 millones de dólares. Así, se sostuvo que el valor presente del flujo de los subsidios que se evitarían no alcanzaba para repagar las obras de sustitución, incluso adoptando una tasa de descuento baja y considerando que las localidades fueran subsidiadas a perpetuidad

Por ello, para poder incluir esta etapa, el proyecto se aprobó como un "paquete" de proyectos, en el que coexistían proyectos individualmente "rentables' (Etapas I y ll) que subsidiarían a otro que no lo era (Etapa III).

De tal modo, se evaluaron las tres etapas como si fuera un solo proyecto, comparando los costos (sumatoria de los "montos de inversión" de cada uno de los proyectos) con los beneficios (sumatoria de los valores presentes de los flujos de subsidios a evitar por la conversión de cada uno de los proyectos) y se arribó a la conclusión de que "en conjunto" las tres etapas calificaban para ser promovidas en el marco de la Ley N O 26.019, en tanto el saldo teórico de los beneficios que proporcionaban las primeras dos Etapas posibilitarían considerar la tercera.

Ahora bien, en el año 2009, cuando ya se habían concretado las obras de las Etapas I y ll y aún no se había iniciado la Etapa III, las partes advirtieron que los fondos totales originariamente previstos no resultaban suficientes para esa Tercera Etapa, por lo cual pergeñaron un mecanismo que les permitiera obtener más fondos del Estado bajo cierta apariencia de legalidad.

Así estimaron que una de las formas posibles era introducir nuevas necesidades para justificar el aumento de dinero requerido, Bajo ese paraguas legal y técnico entonces y alegando el extenso tiempo transcurrido desde la aprobación inicial del proyecto, ENARGAS le envió una nota a Distrigas solicitando que informe si la obra de esa tercera etapa se ajustaba a los términos del proyecto oportunamente autorizado y le pidió que en caso de no ser así, detallara acabadamente las adecuaciones físicas que pudiera haber sufrido la obra proyectada, justificando desde sus aspectos técnicos las modificaciones introducidas.

El 30 de octubre de 2015 la Empresa BTU presentó a Distrigas la primera certificación de sus trabajos y encuadró su presentación en el Contrato de Fideicomiso "Tercera Etapa: Alimentación de gas natural a Pico Truncado, Koluel Kaike, Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos" conforme surge del Expediente N O SOI :0211765/2015.

En el Certificado de Obra NO I presentado se describía un avance de obra del 44% consistente en el 100% de la ingeniera de proyecto de la movilización, y el 90,79% de la cañería revestida y puesta en obra, por la suma de por $1.516.125.659,35 (pesos mil quinientos dieciséis millones ciento veinticinco mil seiscientos cincuenta y nueve con treinta y cinco centavos), IVA incluido, cuya variación macroeconómica al mes de septiembre de 2015 ascendía a la suma de $196.154.232,73, arrojando éste un total de $ 1.712.279.892,08 (pesos un mil setecientos doce millones doscientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y dos con ocho centavos)

Conforme surge de la documentación obrante en el Expediente citado, tanto el Certificado de Obra NO I como la Redeterminación de Precios fueron aprobados por Distrigas sin intervención de ENARGAS, quien consideró acreditada la ejecución de la obra alegada por intermedio de certificaciones notariales que daban cuenta de la existencia de cañería acopiada en dos predios ubicados en la Provincia de Buenos Aires, uno en un destacamento militar de Rospentek en la Provincia de Santa Cruz, otro en un predio de la zona de Cerro Dragón en la Provincia de Chubut y otro en Colonia La Florentina en la Provincia de Rio Negro sin mayores precisiones técnicas ni registros fotográficos.

En este punto no puede dejar de señalarse que conforme las facturas aportadas por BTU para respaldar dicho certificado de obra, los caños habían sido adquiridos en el año 2007 y 2008 y tenían un espesor de 4,8 mm y 5,6 mm. , lo que no se condecía con el presupuesto oportunamente efectuado por ENARGAS, dejando en evidencia una vez más la falsedad de los documentos presentados y el fraude orquestado.

Pero sigamos: el 6 de noviembre de 2015 la Secretaria de Hacienda emitió la Orden de Pago N O 1736390 por $ 984.000.000 a favor de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado de la Provincia de Santa Cruz, suma que esa Provincia, a su vez, remitió al Fideicomiso con fecha 2 de diciembre de 2015.

En la misma fecha, 2 de diciembre de 2015, BTU emitió su factura N O A-0003-00000232 por un monto de $ 974.257.425,74, (pesos novecientos setenta y cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos veinticinco con 74/00) más iva, monto inferior al de la certificación aprobada pero prácticamente coincidente con el monto transferido bajo el Convenio Específico por la ex Secretaría de Energía en virtud de la citada Resolución N O 933/2015, consignando en dicha factura, como concepto facturado, Io siguiente: "Fideicomiso de Expansión Sistemas de Gasoductos de la Provincia de Santa Cruz — Tercera Etapa: Alimentación de gas natural a Pico Truncado, KoluelKaike, Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos. Anticipo Certificado N O 1". (recuérdese que el certificado total era por $1.712.279.892,08). 

Considerando a estas obligaciones como regidas por el Contrato de Fideicomiso, NAFISA procedió - con fecha 16 de diciembre de 2015- al pago de la referida factura N O A-0003-00000232 de BT U en dos partes: primero el día 16 de diciembre de 2015 pagó $972.227.424 (pesos novecientos setenta y dos millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos veinticuatro en efectivo), y luego entregó VRD por la suma de pesos $192.520.281 ,98 (pesos ciento noventa y dos millones quinientos veinte mil doscientos ochenta y uno con noventa y ocho centavos), con fecha de emisión 15 de enero de 2016, Io cual totalizaba la suma de $ 1.164.747.705,88 (pesos mil ciento sesenta y cuatro millones setecientos cuarenta y siete mil setencientos cinco con ochenta y ocho centavos).

Simultáneamente, el 20 de noviembre de 2015, la Provincia solicitó e segundo desembolso correspondiente al 30% del convenio, que ascendía a la suma de $ 984.000.000, adjuntando para ello copia del certificado de obra N O I , de la factura del proveedor de la obra, del recibo de pago del Certificado I y demás documentación respaldatoria.

Sin embargo, este segundo pedido de desembolso encendió la alerta del actual Ministerio de Energía y Minería, quien realizó los informes de auditoría que dieron como resultado la existencia de sobreprecios, sobredimensionamiento de presupuestos, alteraciones en las condiciones de emisión de los VRD y el último pago ilegal ya referenciado.

De esa forma, el pago de $ 984.000.000 autorizado por la Secretaria de Energía no solo se realizó bajo un esquema totalmente ilegal -ya que se hizo en relación a una obra que originalmente se acordó en el marco de un Contrato de Fideicomiso pero luego se constituyó en objeto de un Convenio Específico prohibido- sino que a su vez el pago hecho por NAFISA a B TU que terminó de consolidar el fraude fue absolutamente irregular, conforme la auditoría realizada por la propia NAFISA.

En efecto, según el Informe Final de Evaluación Integral del Control Interno de Nación Fideicomisos S.A. realizado sobre el Fideicomiso Financiero "Sistema de Expansión de Obras de Gasoductos Santa Cruz" , existieron graves incumplimientos contractuales en la administración del fideicomiso durante el segundo semestre del ejercicio 2015 y enero/abril de 2016 llevado a cabo por la gestión anterior en relación a la Tercera Etapa de la obra, a saber:

-No se firmó el Contrato de Operación y Mantenimiento previsto en el punto 6.2 del Contrato de Fideicomiso;

-No se aprobaron los estados contables correspondientes al 2015 incumpliéndose con lo dispuesto en el art. 1 1 del contrato (rendición de cuentas);

-No se celebró el Contrato de Inspección de obra para la Tercera Etapa previsto en el art. 4.3 del Contrato de Gerenciamiento del Fideicomiso, no obstante, lo cual con fecha 16 de diciembre de 2015 se efectuaron dos desembolsos por $ 1.164.747.705,98 cuando Distrigas, como gerente de proyecto, había asumido "momentáneamente" la inspección del proyecto, Io cual resultaba totalmente incompatible y presentaba un conflicto de intereses con la realización de la inspección de obra.

-Se había dado inicio a la Ejecución de obra en la Tercera Etapa sin que surgiera documentación respaldatoria de que se hubiesen perfeccionado los mecanismos para el financiamiento de repago de las obligaciones (VRD, CP), siendo que en agosto de 2015 el Ministerio de Planificación había pedido expresamente que el Fiduciario determinara la viabilidad del repago de las obligaciones de VRD que pudieran emitirse

-No se cumplió con la emisión de los Certificados de Participación de la Provincia de Santa Cruz de acuerdo a lo establecido en el art. 3.11.3 del Contrato de Fideicomiso y 3.6.1 de la Segunda addenda, cuando la Provincia de Santa Cruz efectuó el. 2 de diciembre de 2015 el depósito de $ 984.000.000, encontrándose dicha partida imputada en la cuenta contable "3.1.04.01.0002 CP a emitir".

-No surgía respaldo documental que avalara el segundo desembolso correspondiente al saldo residual de la Factura "A" 0003-0000232 por la suma de $ 101 .792.298,53, habiendo Nación Fideicomiso abonado la factura en cuestión excediéndose de los limites determinados por el ENARGAS, sin que obren antecedentes o conformidades para dicho pago. Además, se aclaró que dicha suma excedía el monto determinado por la certificación ajustada por costo de cañería realizado por NAFISA.

-No se contrataron Ios seguros del fideicomiso para la Tercera Etapa conforme Io establecido en el punto 5.4 del Contrato de fidecomiso y 4.1 y II del Contrato de gerenciamiento, no obstante, lo cual el fiduciario hizo los ya mencionados desembolsos por $ 1.164.747.705,98

-Hubo falta de controles internos en el proceso de pago realizado el 16 de diciembre de 2015 por $ 1.164.747.705,98 (falta de conformidad de las facturas, la autorización de la orden de pago y las transferencias electrónicas quedaron en manos de las mismas personas, etc.)

-Hubo incumplimientos en la presentación y pago de la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al año 2015.

-Existieron falencias en el circuito de pago de los VRD. del Fideicomiso, así como también en la emisión de VRD y en los libros rubricados del Fideicomiso.

En definitiva los pagos realizados por NAFISA fueron totalmente irregulares además de ilegítimos en tanto carecían de respaldo documental, faltaba la firma de los contratos que constituían, entre otros, los bienes fideicomitidos (de Inspección de obra y de Operación y Mantenimiento) y tampoco existía documentación respaldatoria del perfeccionamiento de los mecanismos para el financiamiento del repago de las obligaciones contraídas con la consecuente incertidumbre para afrontar las mismas, las pólizas de seguro del -fideicomiso y los certificados de participación, los cuales fueron emitidos recién a instancias de la auditoría.

Frente a ello, ya disuelto el Ministerio de Planificación y operado el cambio de dependencias en diciembre de 2015, el nuevo Ministerio de Energía y Minería, luego de analizar los antecedentes del caso y tomar conocimiento del informe efectuado por el Ingeniero Alberto Brusco, resolvió, el 18 de mayo de 2017, revocar por ilegitimo el "Convenio Específico para la Construcción de Gasoductos de la Provincia de Santa Cruz" de fecha 16 de agosto de 2015 y la Resolución 933 de fecha 23 de octubre de 2015 de la Ex Secretaría de Energía que autorizó la transferencia, instruyendo a la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese organismo el inicio de las acciones correspondiente a fin de lograr el reintegro de los montos indebidamente transferidos así como la intervención de esta Oficina, para la investigación de Io actuado en el marco de ese contrato.

¿Qué paso con los funcionarios señalados?

Se investigó judicialmente la responsabilidad penal de las distintas personas que intervinieron a lo largo de proceso de la obra, conforme las posiciones que fueron ocupando en el entramado jurídico ya analizado, a saber:

-Julio Miguel de Vido, como Ministro a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio, entre los años 2003 al 2015. Intervino durante todo el proceso de la obra, desde los primeros convenios del año 2004 hasta el Convenio del año 2015, que luego se revocó por ilegítimo y a partir del cual se verificó un pago millonario al Fideicomiso.

-Daniel Cameron y Mariana Matranga, como titulares de la ex Secretaria de Energía. El primero se desempeñó en dicho cargo desde el año 2003 hasta mediados del 2014, interviniendo en todos los actos relativos a la gestión de la obra como ya se detalló. La segunda fue su continuadora desde julio de 2014 hasta fines del 2015, siendo ella quien autorizó la modificación de las condiciones de los VRD y el pago de $ 984.000.000 ilegítimo ya mencionado.

- Antonio Luis Pronsato, como interventor del ENARGAS desde diciembre de 2007 a diciembre de 2015, intervino durante la mayor parte del proceso de la obra, en especial en relación a la aprobación de los presupuestos sobredimensionados ya referenciados.

-Daniel Peralta como Gobernador de la Provincia de Santa Cruz entre los años 2007 y 2015. Suscribió la Segunda Addenda del año 2010 que modificó la definición de las Etapas I y ll y firmó el último Convenio del año 2015 en representación de la Provincia solicitando el desembolso de fondos ante la imposibilidad de hacer frente a las obras pendientes.

-Los siguientes miembros de NAFISA: Enrique Osvaldo Arceo, Presidente; Gabriel Noemi Camilletti, Vicepresidente; Daniel Celestino Fernandez, Roberto Mandolesi y Daniel Moreno, Directores; Patricia Susana Finvarb, María de las Mercedes Archimbal y Cecilia Leonor Carabelli, como Síndicos, Federico Marongiu, Gerente General, María José Suarez Villabona, Gerente de Administración y Finanzas, Federico Casanovas, Gerente de Operaciones, todos ellos miembros de Nación Fideicomisos S.A. entre el 15 de abril 2015 y el 23 de diciembre de 2015, siendo en dicho período y en el ámbito de sus competencias en donde se verificaron las principales irregularidades en el Fideicomiso aquí examinado.

-Oscar Roque Diego, Presidente de Distrigas quien suscribió la Addenda del año 2010 e intervino en el doble carácter de representante de la Provincia de Santa Cruz y de Distrigas en la asamblea de tenedores en el 2014, al igual que Segundo Santana, quien intervino en la asamblea del año 2015 en donde se cambiaron las condiciones de los VRD

-Carlos Mundin, como presidente de BT U suscribió el contrato de locación de obra del año 2005, la addenda del año 2010, e intervino en la asamblea de tenedores de VRD. del año 2014 y 2015.

Todos los mencionados —a excepción del directivo de la empresa BTUfueron funcionarios públicos que tuvieron competencia funcional directa en la negociación aquí involucrada y no dudaron en guiar el negocio en beneficio propio, desviándose del interés estatal (art. 265 del Código Penal) . A su vez también tuvieron a su cargo la administración, el manejo y/o cuidado de los bienes estatales, y violando los deberes a su cargo perjudicaron los intereses confiados en beneficio propio o de terceros, por lo cual deberán ser investigados como coautores del delito previsto en el art. 173 inc. 7 en función del art. 174, inc. 5 del Código Penal, conforme la hipótesis que se ha ido desarrollando a través de esta presentación.

En cuanto a Carlos Mundin de la empresa BT U se entiende que, en virtud de carecer éste de la calidad de funcionario público, deberá ser investigado por su participación necesaria en la maniobra.

Finalmente, y teniendo en cuenta los montos millonarios involucrados deberá también formar parte de la investigación la ruta seguida por el dinero ilegítimamente percibido a fin de determinar su destino final, de lo cual no puede descartarse la eventual configuración del delito previsto en el art. 303 del Código Penal.

¿Cuál es la actual voluntad del Estado para retomar la III Etapa?

En julio de 2020, el ente regulador de gas argentino ENARGAS incluyó al Gasoducto Santa Cruz Norte en la lista de gasoductos prioritarios entre varios proyectos de gasoductos que estaban paralizados y que el gobierno nacional planea reanudar. El gasoducto propuesto llevaría gas natural a las localidades en la parte occidental de la provincia de Santa Cruz, incluidos Perito Moreno y Los Antiguos. Sin embargo, no existe una fecha prevista para la puesta en servicio del gasoducto y todavía no están claros otros detalles del proyecto, tales como capacidad y recorrido. Aunque originalmente el gasoducto estaba diseñado para arrancar desde un cruce en el gasoducto San Martín, cerca de Pico Truncado (provincia de Santa Cruz), los informes más recientes mencionan que comenzaría más al norte, en Río Mayo (provincia de Chubut).

Informados y Comprometidos 

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