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PROVINCIA

18 de mayo de 2022

Buscan avanzar en la reglamentación de la Ley de Cierre de Minas en Santa Cruz

Se trata de una normativa aprobada tiempo atrás acerca del cese de las actividades. Hubo una reunión en comisiones y proponen además crear una Comisión Evaluadora de Garantías.

Durante la 8° Sesión Ordinaria de la Legislatura provincial, y luego de distintas reuniones en las que se analizaron los alcances del proyecto de ley impulsado por el diputado por Pueblo de Perito Moreno, Guillermo Bilardo, se sancionó la primera ley de cierre de minas del país. Si bien fue en junio de 2021, a casi un año de la sanción todavía se trabaja en la reglamentación de la normativa.

Se establece la obligatoriedad de la presentación del plan de cierre de minas por parte de “todo titular de concesión de actividad minera o autorizado por cualquier medio a realizar tareas mineras de sustancias de todas las categorías previstas en el Código de Minería”, el que deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación.

También contempla que deben presentarse dos tipos de planificaciones, tanto para la etapa de exploración como explotación. Uno de ellos, abarcando aspectos conceptuales, conteniendo la planificación estratégica, con los posibles cierres progresivos y temporales, determinando las características técnicas del proyecto y los impactos que generará, entre otros aspectos. El otro plan debe ser detallado, presentado ante la autoridad de aplicación junto con las actualizaciones de los informes de impacto ambiental, con mayor detalle a medida que avanza el proyecto minero.

Con esta iniciativa, Santa Cruz fue punta de lanza en una normativa de esta instancia, buscando generar un trabajo conciencie entre el cierre de mina y la recomposición de los yacimientos, pensando además en las localidades afectadas por la actividad extractiva. No tiene una relevancia en cuestión solamente en materia económica, sino también ambiental.

Santa Cruz, provincia con una fuerte actividad minera, marcó la agenda a nivel nacional y el rumbo con las empresas.

También cuenta con un capítulo en el que habilita la participación ciudadana, ya que una vez presentado por las operadoras “serán puestos a disposición de la ciudadanía a través de su publicación en el Boletín Oficial, un diario de mayor circulación y medios idóneos. Además, se efectuará una notificación a los Concejos Deliberantes de las localidades alcanzadas por el área de influencia. La autoridad de aplicación establecerá los mecanismos para la participación ciudadana”.

Con el objetivo de avanzar en esta situación, días atrás se realizó la comisión de Recursos Naturales en Diputados. Fue una sesión extraordinaria donde los funcionarios de la Secretaría de Estado de Minería entregaron el informe de la situación actual. Tal como lo habían indicado desde AOMA días atrás, el primer avance es el cierre progresivo de la mina en Manantial Espejo. En este marco, el objetivo es llegar a un trabajo en conjunto en pos de la planificación.

Proponen un circuito técnico, administrativo y legal que evaluará el contenido del Plan de Cierre de Minas sobre los aspectos técnico-ambiental; aspectos económicos, financieros y de garantía sobre los cuales propone crear una comisión técnica evaluadora de presupuesto para aquellos casos que tengan complejidad técnica económica. Esta comisión puede estar integrada por representantes del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestrucura, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de la Administración General de Vialidad Provincial, de la Fiscalía de Estado y toda otra entidad que se considere de interés.

También propone crear una comisión evaluadora de garantía. En este caso, la Secretaría de Estado de Minería constituirá garantías en base al presupuesto aprobado en base al plan de cierre de minas de la operadora. Es allí donde se convocará a esta comisión que deberá estar integrada por representantes del Ministerio de Economía, Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas, quienes deberán emitir una opinión fundada sobre las garantías presentadas manifestando si es aceptada, rechazada o requiere cambios para asegurar el cumplimiento del plan de cierre.

Fuente / TiempoSur Digital

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